Guatemala enfrenta una urgente tarea: proteger alrededor de 60,000 testimonios de víctimas del conflicto armado interno acontecido entre 1960 y 1996. Estos documentos han sido fundamentales para solicitar compensaciones por los abusos sufridos y deben ser resguardados antes del término del gobierno de Bernardo Arévalo en enero de 2028.
Estas valiosas evidencias fueron reunidas por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), una iniciativa establecida en 2003 como consecuencia de los Acuerdos de Paz de 1996. El objetivo del PNR es proporcionar reparaciones económicas y proyectos a las víctimas. Sin embargo, en los últimos años, durante las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el programa se paralizó y los archivos corrieron el riesgo de deterioro.
“Cajas húmedas, amontonadas, expedientes incompletos, rotos” describió Erick Briones, auxiliar del archivo, sobre las condiciones en que encontraron los documentos. Actualmente, un proyecto respaldado por UNESCO busca recuperar y preservar el archivo del PNR, aspirando a convertirlo en patrimonio documental del mundo.
Entre los documentos importantes está el expediente de Manuel Botom Uz, uno de más de 100 registros de niñez desaparecida. En 1982, Botom Uz, de apenas cuatro años, fue desaparecido en Quiché a manos del ejército y patrulleros de autodefensa civil. Años después, su cuerpo fue hallado e identificado en una fosa clandestina.
Elvin Díaz, comisionado presidencial de Derechos Humanos, subrayó la necesidad de proteger esta memoria colectiva para evitar su destrucción. Díaz explicó que, si bien el propósito del PNR era brindar ayuda humanitaria y compensaciones, los archivos contienen datos relevantes para investigaciones penales.
Estos expedientes narran ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, abusos sexuales, desapariciones forzadas y reclutamientos forzosos durante la guerra entre el ejército y guerrilleros. Se estima que el conflicto resultó en 200,000 muertos y alrededor de 45,000 desaparecidos.
El proyecto futuro busca digitalizar el archivo para otorgar acceso universal. Recientes observaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas señalaron que durante los gobiernos anteriores se promovió el desmantelamiento de instituciones para la paz y la justicia.
Los archivos del PNR se integrarán al Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado propuesto por el presidente Arévalo, cuyo fin es centralizar información dispersa y continuar el resarcimiento. En casos de desapariciones, se incluirán en el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria.